NACIONALIDAD Y ANTECEDENTES POLICIALES/PENALES

El hecho de haber sido condenado y/o detenido en el pasado habitualmente es uno de los extremos que pueden malograr una solicitud de nacionalidad española. Muy pocos solicitantes de nacionalidad conocen a qué se refiere el término "buena conducta cívica" que menciona el Código Civil y, sin embargo, acreditar la observancia de un comportamiento cívico es tan importante como el resto de requisitos que se exigen como presupuestos necesarios para obtener la nacionalidad española. A continuación, veremos cómo y hasta qué punto influyen los antecedentes penales/policiales en una solicitud de nacionalidad.

Como ya se ha avanzado, además del resto de presupuestos contenidos en el artículo 22 del Código Civil, el solicitante que pretenda obtener la nacionalidad española deberá probar su "buena conducta cívica" (artículo 22.4 Código Civil).

La expresión "buena conducta cívica" constituye un concepto jurídico indeterminado, cuyo significado y alcance deben ser buscados en la jurisprudencia de nuestros tribunales. Así, es criterio del Tribunal Supremo el entender que la "buena conducta cívica" nada tiene que ver con la carencia de antecedentes, sean éstos policiales o penales, sino que se trata más bien de un requisito adicional a la mera observancia de una conducta respetuosa con el ordenamiento penal o administrativo-sancionador, de manera que lo que realmente exige el Código Civil es que el peticionario justifique que su conducta a lo largo de todo el tiempo de permanencia en España e, incluso, antes, ha sido acorde a las normas de convivencia cívica, no sólo no quebrantando la legislación penal o administrativa, sino también colmando un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura.

Por tanto, la conducta del solicitante de nacionalidad debe ser valorada en su conjunto, esto es, atendiendo a todo el período de permanencia en España, no pudiendo caer en la tentación de identificar, sin más, la "buena conducta cívica" a la que alude la Norma Civil con la carencia de antecedentes penales o policiales. Ni la presencia de antecedentes anula por sí misma el requisito de la "buena conducta cívica" y presupone la concurrencia de una "mala conducta cívica", ni la falta de los aquéllos evidencia su existencia. No obstante, debe tenerse en cuenta que los antecedentes pueden y deber ser considerados por la Administración como información relevante a ponderar a la hora de examinar una solicitud de nacionalidad, al igual que cualquier otro dato obrante en el expediente que arroje luz sobre el grado de civismo del aspirante a la nacionalidad, debiendo ser examinados junto con el resto de extremos de que se disponga.

Los antececentes -penales o policiales- son, pues, un elemento más a tener en consideración a la hora de analizar si el solicitante ha observado una "buena conducta cívica", pero no son decisivos, sino que su peso dependerá de la gravedad del hecho que reflejen, dado que no todos los delitos ponen de manifiesto una idéntica falta de civismo -no es lo mismo ser condenado por un delito de tráfico de drogas, que por un delito leve de daños-. De lo que se trata, en definitiva, es de valorar la trayectoria personal del demandante de nacionalidad en su totalidad, de forma global, no sólo antendiendo a su historial delictivo o la inexistencia del mismo. De esta manera, pueden existir datos de otro tipo (participación en actividades filantrópicas, cursos de formación, etc.), que contrarresten el efecto negativo de la concurrencia de antecedentes y que habrán de ser igualmente valorados junto a aquéllos.

En consencuencia, cuando se habla de "buena conducta cívica" lo que se exije es acreditar que el peticionario se desenvuelve conforme estándares medios de conducta. El hecho de haber sido condenado o detenido en el pasado no es suficiente para tener por incumplido dicho requisito, por cuanto el civismo no consiste únicamente en no delinquir, sino en observar unas pautas mínimas de respeto y solidaridad con respecto al resto de la Sociedad, siendo los antecedentes -penales o policiales- un extremo más a valorar, pero no el único.

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