CONDENA POR DELITO Y EXPULSIÓN: EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA (II)

Cerramos la serie de artículos sobre la condena por delito y la expulsión del territorio nacional. Al igual que en el anterior, en el presente post nos centraremos en la expulsión administrativa y consiguiente extinción de la autorización de residencia por la comisión de un delito, poniendo el acento en las consecuencias accesorias de ser expulsado por esta vía y las excepciones a su aplicación.

¿cuáles son las consecuencias de ser sancionado por la vía del art. 52. 2 de la loex?

Como consecuencias accesorias, además de la prohibición de entrada consustancial a toda expulsión, encontramos que, en virtud de lo dispuesto por el art. 57.4 de la LOEX, la expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de la autorización para permanecer y residir en España. También, del mismo modo que sucede en la expulsión penal, el archivo de cualquier procedimiento en trámite que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

¿existe alguna excepción que impida la expulsión por esta vía?

Afortunadamente, no todo está perdido. El propio precepto regula una serie de excepciones (art. 57.5 de la LOEX), que impiden la expulsión de los ciudadanos extranjeros que se encuentren en alguna de las situaciones en él previstas.

En concreto, el art. 57.5 de la LOEX viene a establecer que no cabe expulsar, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el art. 54.1, a) de la LOEX o suponga una reincidencia, en el plazo de un año, de la comisión de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los ciudadanos extranjeros:

  • Nacidos en España, que hayan residido legalmente en nuestro país los últimos cinco años;
  • Españoles de origen que hubieran perdido la nacionalidad;
  • Beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España;
  • Beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo o de una prestación económica asistencial de carácter público, destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral. 
  • Titulares de una autorización de residencia de larga duración.

Quizá esta última -residentes de larga duración- sea la excepción más notable de las reguladas en el citado artículo, por ser la más habitual. En este caso en particular, al contrario de lo que sucede en el resto de supuestos, no es que no se pueda expulsar al ciudadano extranjero, sino que, antes de adoptar la decisión de expulsión, el art. 57.5, b) de la LOEX impone a la Administración el deber de realizar un análisis de las circunstancias del interesado y, en particular, evaluar y ponderar el tiempo de su residencia en España, los vínculos creados con nuestro país, las consecuencias para él y su familia y los vínculos con el país al que va a ser expulsado.

Las salvedades arriba mencionadas se extienden a los familiares del ciudadano extranjero, concretamente: a su cónyuge -siempre que haya residido legalmente en España durante más de dos años-, sus ascendientes y sus hijos menores o mayores con discapacidad, que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud y que estén a cargo del ciudadano extranjero.

Es cierto que existe un debate sobre la aplicabilidad de las excepciones reguladas en el mentado art. 57.5 de la LOEX, a las expulsiones decretadas al amparo de lo dispuesto en su art. 57.2. Sin embargo, la jurisprudencia ha ido decantándose progresivamente hacia una postura favorable a ello, siendo mayoritaria, a día de hoy, la tesis doctrinal que admite que las prohibiciones y salvedades recogidas en el apartado 5 del precepto, son plenamente aplicables a la figura de la expulsión regulada en el art. 57.2 de la LOEX.

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EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA I - EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA II