CONDENA POR DELITO Y EXPULSIÓN: EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA (I)

Avanzamos un poco más en la serie de artículos sobre la condena por delito y la expulsión del territorio nacional. En el presente y siguiente post nos centraremos en la otra vía que prevé el Ordenamiento español para expulsar a los extranjeros penados por la comisión de una infracción penal: la expulsión administrativa y consiguiente extinción de la autorización de residencia por la comisión de un delito

Lo que se diga a continuación, va referido únicamente a los ciudadanos extranjeros -en situación regular e irregular- que se rigen por el régimen general de la Ley de Extranjería y a los familiares de ciudadanos de la UE, que no han adquiriro el derecho de residencia permanente en España. La expulsión de ciudadanos comunitarios y sus familiares con derecho a residir de forma permanente en nuestro país, se regula en el art. 15 del RD 240/2007, de 16 de febrero y será abordada en otro post.

En artículos precedentes -ver Condena por Delito y Expulsión: la Expulsión Penal (I), (II) y (III)-, hemos visto como el sistema penal español prevé la posibilidad de expulsar del territorio nacional a los penados extranjeros -ya sean irregulares, regulares o comunitarios-, que hayan sido condenados a penas de prisión superiores a un año. Sin embargo, la expulsión penal no es el único instrumento para expulsar de España a aquéllos ciudadanos extranjeros, que hayan quebrantado la Ley dentro de las fronteras españolas.

De este modo, la Administración dispone del art. 57.2 de la Ley de Extranjería (LOEX). En él, se regula como causa de expulsión la previa condena del ciudadano extranjero, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa -se exluyen, en consecuencia, las acciones imprudentes-, que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.

¿existe alguna diferencia entre la expulsión penal y la expulsión del art. 57.2 de la loex?

Todo y pese a que el art. 89 del Código Penal y el citado art. 57.2 de la LOEX autorizan la expulsión de penados, tanto titulares de una autorización que los habilite a permanecer en España de forma regular, como de aquéllos que lo están en situación irregular, la diferencia con la expulsión penal es sustancial.

La Norma Penal habla de ciudadanos extranjeros que hayan sido condenados en España a penas de prisión superiores a un año, sin hacer distinción alguna entre delitos dolosos e imprudentes. Por el contrario, el art. 57.2 de la LOEX se refiere a condenas producidas dentro o fuera de España, por delitos dolosos castigados en el Ordenamiento Español con penas privativas de libertad superiores a un año de duración. A priori puede parecer lo mismo, pero no lo es. 

Veámoslo a través de dos sencillos ejemplos:

  •  Ciudadano extranjero, condenado en España a dos años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave del art. 152.3º del Código Penal -de seis meses a tres años de prisión-:

En este caso no podría aplicarse la expulsión del art. 57. 2 de la LOEX, al tratarse de una conducta imprudente, no dolosa. Por el contrarío sí podría ser expulsado vía penal, al haber sido condenado en España a pena de prisión superior a un año.

  • Ciudadano extranjero, condenado en Francia a seis meses de prisión por una conducta dolosa que constituye en España un delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal -de tres meses a tres años de prisión o multa de seis a doce meses-:

En este caso no podría ser expulsado vía penal, al haber sido condenado fuera de España y, además, haberse impuesto una pena de prisión que no supera el año de duración. Por el contrario, sí podría ser expulsado en vía administrativa, al tratarse de una acción dolosa, constitutiva en nuestro país de un delito castigado con pena de prisión superior al año, con independencia de que la pena efectivamente impuesta no supere dicho límite temporal. Lo mismo sucedería en el supuesto de que la pena impuesta fuera la de multa.

Así pues, mientras que en la expulsión penal debe estarse a la pena efectivamente impuesta, en la expulsión administrativa debe atenderse, en principio, al marco abstracto de la misma. Para expulsar a un penado extranjero por vía del art. 57.2 de la LOEX es indiferente que la extensión de la pena privativa de libertad que le haya sido impuesta, no rebase el límite mínimo de un año de duración. Lo importante es que la sanción prevista por el Código Penal para los hechos por los que ha recaído condena supere ese umbral.

Puede darse perfectamente el caso, a mayor abundamiento, de que la pena de prisión impuesta al ciudadano extranjero no sea finalmente sustituída en el procedimiento penal, por considerarse que su expulsión sería desproporcionada a la vista de su arraigo en España y, sin embargo, ser sancionado con la expulsión en vía administrativa, aun cuando haya cumplido su condena o sea beneficiario de la suspensión de la pena regulada en el art. 80 del Código Penal.

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EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA I - EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA II