Me han condenado: ¿voy a ir a prisión?

La incertidumbre entorno al desenlace final de un procedimiento penal suele aumentar el nivel de preocupación y ansiedad de los acusados. Con mayor razón, si lo que está en juego es un bien tan preciado como lo es la propia libertad. ¿Que sucederá si me condenan? ¿Iré a prisión? Habitualmente son las primeras preguntas que el cliente plantea a su Letrado/a, con anterioridad, incluso, a conocer si finalmente deberá sentarse o no en el banquillo de los acusados. Sin embargo, no toda condena a pena de prisión implica necesariamente el ingreso en un centro penitenciaro.

Infinidad de clientes quedan al borde del paro cardíaco cuando su Abogado/a le comunica la pena que ha solicitado la Acusación, especialmente cuando lo que se ha interesado es la condena a un pena privativa de libertad. La palabra "prisión" -y todo lo que el concepto encierra en sí mismo- impone y mucho. Pero, ¿que una persona sea condenada a pena de prisión significa forzosamente que finalmente ingresará en un centro penitenciario? No siempre.

Nuestro Código Penal prevé expresamente la posibilidad (que no obligación) de suspender la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años, cuando sea razonable esperar que su ejecución no sea necesaria para evitar la comisión por el penado de futuros delitos (art. 80 Código Penal).

Por tanto, la probabilidad de entrar en prisión disminuye significativamente cuando hablamos de penas que no superan los dos años de duración. Si la extensión de la pena finalmente impuesta por el Juez es mayor -por ejemplo: dos años y un día-, salvo contadas excepciones, deberá cumplirse.

A la hora de decidir si suspende o no la ejecución de la pena de prisión, el Juez deberá valorar las circunstancias del delito cometido, las personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho -con especial atención al esfuerzo realizado para reparar el daño-, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas -por ejemplo: trabajos en beneficio de la comunidad, multa u otros deberes o prohibiciones de los contemplados en los arts. 83 y 84 del Código Penal-.

Para acceder a este beneficio, deben cumplirse, además, una serie de requisitos:

  1. Que sea la primera vez que se comete un delito. No se tendrán en cuenta, sin embargo, anteriores condenas por delitos leves o imprudentes, ni los antecedentes penales ya cancelados o suscetibles de serlo. Tampoco los antecedentes por la comisión de delitos que por su naturaleza o circunstancias no revelen un pronóstico de reincidencia desfavorable;
  2. Que la pena o la suma de las penas impuestas no supere los dos años de duración y,
  3. Que se haya satisfecho la responsabilidad civil originada por la comisión del delito y se haya hecho efectivo el decomiso acordado, en su caso, en la Sentencia. No obstante, se entenderá cumplido este requisito si el penado asume el compromiso de satisfacer la responsabilidad civil a la que haya sido condenado de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que todo ello será cumplido en el plazo que fije el Juez.

Excepcionalmente, existe la posibilidad de suspender la ejecución de la pena de prisión si, pese a no cumplirse los requisitos descritos en los apartados 1) y 2), el penado no puede ser calificado de reo habitual, esto es, no ha sido ejecutoriamente condenado por la comisión de tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años y las penas de prisión que se pretenden suspender no excedan individualmente los dos años de duración. En este caso, la suspensión siempre quedará condicionada al cumplimiento del presupuesto contemplado en el apartado 3) y a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o el pago de una multa, cuyo cumplimiento en ningún caso exime de la observancia del resto de condiciones que se impongan.

Igualmente se prevén dos supuestos específicos no sometidos a las reglas anteriores: a) penados aquejados de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables y, b) penados que han cometido los hechos como consecuencia de su dependencia al alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que provoquen similares efectos.

En el primero de los casos -enfermos graves con padecimientos incurables-, se podrá otorgar la suspensión sin sujeción a requisito alguno. En el segundo -personas que cometieron el delito a causa de alguna adicción-, se prevé la posibilidad de suspender la pena si no supera los cincos años de duración y se certifica que el reo se encuentra deshabituado o en tratamiento para deshabituarse. En caso de abandonar el tratamiento o no mantenerse abstinente le será revocado el benefio de la suspensión.

El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas de privativas de libertad no superiores a dos años; de tres meses a un año para las penas de delitos leves y de tres a cinco años en los supuestos respecto de reos que cometieron el delito por motivo de su adicción.

La condena por un delito cometido durante el período de suspensión o el incumplimiento de cualquiera de las otras condiones impuestas por el Juez, pueden dar lugar a la prórroga del plazo de suspensión o el agravamiento de las prohibiciones o condiciones impuestas -incumplimientos leves y no reiterados- o la revocación del beneficio de la suspensión, con la consiguiente obligación de ingreso en un centro penitenciario para cumplir la pena de prisión originariamente impuesta -incumplimientos graves y reiterados-.

En consencuencia, no toda condena a prisión supone la privación de libertad. Si se dan las condiciones necesarias, el Juez podrá acordar la suspensión de la ejecución de la pena y quedará en manos del penado evitar el ingreso en prisión. Siempre y cuando cumpla las exigencias y prohibiciones que le sean impuestas, no tendrá que hacerlo.

Si Ud. quiere recibir asesoramiento sobre este tema o cualquier otra materia relacionada con el Derecho Penal, no dude en ponerse en contacto con Kira Rompao Sánchez - Abogados, sin compromiso alguno.