ESPIONAJE DOMÉSTICO

El derecho a la intimidad constituye una de las piedras angulares de cualquier estado democrático y de Derecho. De ahí, que el Ordenamiento Jurídico español reconozca y proteja celosamente dicho derecho fundamental, mediante la previsión de severas consecuencias, frente a intromisiones ilegítimas y al margen de la Ley. Pese a lo anterior, sorpredende la escasa conciencia social que existe al respecto.

Cada vez más, asistimos a una pérdida de respeto progresiva y generalizada hacia la privacidad e intimidad ajenas. Mas aún, si nos adentramos en el siempre espinoso terreno de lo amoroso.

Es impresionante el alto número de personas que reconocen que, en alguna ocasión, de forma subreticia ha "revisado" los e-mails, sms, whatsapps... de su pareja o expareja, en busca de algo sospechoso que delate un amancebamiento o, simplemente, de cualquier otro extremo -información, datos personales, fotos comprometidas, etc.-, que pueda ser aprovechado en beneficio propio o en perjuicio de un tercero. Incluso, hay quien lo admite sin ningún pudor como una práctica habitual en sus relaciones sentimentales, personales o familiares.

ESPIARCon el avance tecnológico esta tendencia ha ido en aumento, hasta alcanzar límites insospechados. En la actualidad, existe un potente mercado en el que, por un módico precio, se ofrecen todo tipo de apps y programas espías, destinados a monotorizar todos los movimientos y comunicaciones de una persona.

Sin embargo, que este tipo de conductas sean toleradas en el plano social, no quiere decir que sean jurídicamente aceptables.

Apoderarse de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales del titular de los mismos; interceptar sus telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de escuha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, siempre que no medie el consentimiento de la persona afectada, es una actividad consitutiva de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, castigado en el art. 197 del Código Penal, con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Las mismas penas se prevén, para aquéllos que, sin estar autorizados, se apoderen, utilicen o modifiquen en perjuicio de un tercero datos reservados de carácter personal o familiar, registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Igualmente penado está el acceso no autorizado a dichos datos por cualquier medio, así como su alteración o empleo en perjuicio de su titular o de un tercero.

Asimismo, se prevé el agravamiento de las penas arriba señaladas -de dos a cinco años de prisión-, para el supuesto en el que los datos o hechos descubiertos o imágenes captadas, se dinfundan, revelen o cedan a terceros. Ello se extiende, igualmente, si bien con penas menores -de uno a tres años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses-, a aquellas personas que, sin haber tomado parte en su descubrimiento, pero conociendo su origen ilícito, hubieran difundido, revelado o cedido esos datos, hechos e imágenes. 

En la misma línea, el art. 197 bis del Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, al que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo y sin estar debidamiente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él, en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo.

Como puede verse, la antijuridicidad de las acciones arriba descritas viene determinada por la falta de consentimiento del titular de los datos, imágenes, comunicaciones, etc., sea éste menor o mayor de edad y con independencia de la existencia de una relación de parentesto. 

Dichos artículos, entre otros muchos, en consecuencia, lo que pretenden es sancionar la violación del derecho fundamental a la intimidad personal, consagrado en el art. 18 de la Constitución Española, cuya finalidad no es otra que la de proteger la vida privada (SAP de Asturias 38/2013, de 24 de enero).

Así pues, conductas tan extendidas socialmente como apoderarse del correo postal o documentos ajenos -por ejemplo, para presentarlos como prueba en un juicio-, acceder al e-mail o a los mensajes de una tercera persona o emplear programas espías que nos permitan interceptar sus comunicaciones, siempre que no se esté autorizado para ello, son algunas de las acciones que han desembocado en la imposición de condenas por la comisión de un delito contra la intimidad, por descubrimiento y revelación de secretos.

Si Ud. quiere recibir asesoramiento sobre este tema o cualquier materia con el Derecho Penal, no dude en ponerse en contacto con Kira Rompao Sánchez - Abogados, sin compromiso alguno.