CONDENA POR DELITO Y EXPULSIÓN: LA EXPULSIÓN PENAL (I)

Ciertamente es lícito pensar que sólo aquéllas personas que no cuentan con un título que las habilite a permanecer o residir de forma regular en España, pueden ser sancionadas con la expulsión del territorio español (ver Expulsión de Ciudadanos Extranjeros en Situación Irregular o Inmigrantes "Sin Papeles"). Sin embargo, no es el caso. La legislación española tambié prevé la expulsión de ciudadanos en situación regular, incluso, comunitarios. Por ello, desde Kira Rompao Sánchez - Abogados abordaremos brevemente el tema a lo largo de una serie de artículos, con el objetivo de despejar, en la medida de lo posible, los principales interrogantes que surgen al respecto.

Fundamentalmente dos son las vías por las que un ciudadano extranjero en situación regular en España puede ser expulsado del territorio español y las dos están íntimamente relacionadas con la comisión de un delito. En el presente y siguiente artículo trataremos una de esas dos posibilidades: la expulsión penal. No obstante, todo lo que aquí se diga es igualmente aplicable a los ciudadanos extranjeros en situación irregular o conmúnmente llamados "sin papeles"

Como desgraciadamente viene sucediendo en las últimas legislaturas, cada vez que hay un cambio de Gobierno, hay un reforma del Código Penal y en la actual no iba haber una excepción. Con la Reforma operada recientemente por la LO 1/2015, de 30 de marzo, el Texto Penal se ha visto de nuevo modificado y con él el art. 89. No obstante, en ocasiones sucede que no todos los cambios son para mejor.

La expulsión en el Codigo Penal está configurada como una medida sustitutiva de la pena privativa de libertad -prisión-, que se ha impuesto en sentencia al ciudadano extranjero. Ello quiere decir que, cuando concurran los presupuestos recogidos en dicho artículo, la pena deberá ser sustituída por la expulsión del reo extranjero del territorio nacional. Y empleamos el imperativo ("deberá"), puesto que la Reforma del art. 89 llevada a cabo por la LO 11/2003 instauró la obligatoriedad de la expulsión como criterio general en nuestro sistema penal. Ahora bien, que su aplicación sea obligatoria no quiere decir que sea automática. Tal y como ha recordado el Tribunal Supremo hasta la saciedad - desde su Sentencia 901/2004, de 8 de julio-, una lectura constitucional del precepto exige, al margen de la naturaleza y gravedad del delito cometido, que se realice un juico de procedencia tomando en consideración cualquier circunstancia personal del condenado relevante a la hora de decidir si se le expulsa o no de España. Por tanto, en los supuestos susceptibles de imponer la expulsión penal, deberá realizarse siempre, y sin excepción, un examen individualizado del caso particular y, en concreto, una ponderación entre los intereses de orden público y los derechos de carácter personal y familiar del penado.

 ¿Quién puede ser expulsado por la comisión de un delito?

Como ya se ha avanzado, se han introducido importantes novevades en la presente legislatura. Quizás, las más llamativas, por su importancia, sean la fijación de un límite mínimo y la ampliación del ámbito subjetivo de la Norma.

En la actualidad sólo podrán sustituirse las penas de prisión de más de un año, lo que ha supuesto una reducción del ámbito objetivo del precepto -en el anterior texto se hablaba simplemente de penas privativas de libertad inferiores a seis años, sin límite mínimo-. A ello se suma que, bajo ninguna circunstancia, serán sustituidas por la expulsión del territorio español las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos previstos en los arts. 177 bis, 312, 313 y 318 bis del Código Penal. 

Por otro lado, se ha eliminado toda alusión a extranjeros no residentes legalmente en España. Ahora, el apartado primero del art. 89 del Código Penal se refiere simplemente a "ciudadano extranjero" sin más concreción, lo que abre la posibilidad de expulsar a personas en situación regular. Ello parece venir confirmado por lo estipulado en el apartado cuarto, párrafo segundo, del precepto, en el que se regula de forma expresa la sustitución de la pena de prisión impuesta a ciudadanos de la UE por su expulsión del territorio nacional.

Por tanto, desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal -lo que sucedió el pasado 1 de julio-, cualquier penado extranjero, titular o no de una autorización de estancia/residencia, en el caso de ser condenado a una pena superior a un año de prisión, podrá ser expulsado del territorio español.

Pese a lo anterior, se ha realizado un esfuerzo de integración de la jurisprudencia a la que antes hemos aludido, suprimiendo el carácter automático de la medida de expulsión, al determinar que no procederá su apliación cuando la misma pueda resultar despropocionada, vistas las circuntancias del hecho y las personales del autor, con especial atención a su arraigo en España (art. 89.4, párrafo primero del Código Penal). Ello se traduce en que, aun cuando el ciudadano extranjero -en situación regular o irregular- haya sido condenado a una pena de prisión superior a un año, puede evitar la expulsión penal, siempre que acredite circunstancias suficientes sobre su arraigo y del hecho, que evidencien la desproporcionalidad de la medida.

En el caso particular de los ciudadanos comunitarios, se restringen las posibilidades de proceder a su expulsión a aquéllos supuestos en los que el reo represente "una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito comentido, sus antecedentes penales y circunstancias personales". Si la persona condenada hubiera residido durante los diez años anteriores en España, procederá su expulsión cuando además: a) hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, la libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales, castigados con pena máxima de más de cinco años y tenga un pronóstico de reincidencia desfavorable, en relación a ilícitos de la misma naturaleza y, b) hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el sendo de un grupo u organización criminal.

Si Usted desea ser asesorado sobre éste u otro extremo en materia de extranjería o penal, no dude en ponerse en contacto con Kira Rompao Sánchez - Abogados, sin compromiso alguno.


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