CONDENA POR DELITO Y EXPULSIÓN: LA EXPULSIÓN PENAL (III)

Continuamos la serie de artículos iniciada con las entradas anteriores -ver Condena por Delito y Expulsión: la Expulsión Penal (I) y (II)-. En el presente post teminaremos de desegranar las principales modificaciones operadas por la reciente reforma del Código Penal en la figura de la expulsión penal.

Como ya hemos visto, la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto una profunda modificación del nuevo texto del art. 89 del Código Penal. Ahora se permite expulsar en vía penal a cualquier ciudadano extranjero, sin importar su situación administrativa en España -regular o irregular-, que haya sido previamente condenado a una pena de prisión superior a un año, con la única excepción de que dicha medida no se revele desproporcionada, en atención a las circunstancias del hecho y del arraigo del reo.

Parece lógico pensar, en consecuencia, que el citado precepto otorga dos posibilidades: o bien el penado es expulsado y no cumple la pena de prisión sustituida o bien cumple su condena en España y elude la expulsión del territorio nacional. Sin embargo, como ya adelantamos en el artículo anterior, no es el caso. Puede darse perfectamente el supuesto de que una persona extranjera tenga que cumplir toda o parte de su condena en España, para ser expulsado con posterioridad. Así lo autorizan los apartados primero y segundo del art. 89 del Código Penal. 

En primero de ellos -referido a ciudadanos extranjeros condenados a penas de prisión por debajo de los cinco años-, permite de manera excepcional que el juez acuerde la ejecución de una parte de la pena no superior a 2/3 de su extensión y la sustitución del 1/3 restante por la expulsión del penado del territorio español, siempre que "resulte necesario para asegurar la defensa del orden público y restablecer la vigencia de la confianza de la norma infringida por el delito". En todo caso, el precepto prevé la sustitución del resto de la pena por la expulsión del reo, cuando éste acceda al tercer grado o sea beneficiario de la libertad condicional.

Por su parte, el segundo de ellos -referido a penados extranjeros condenados a más de cinco años de prisión, sea en una única pena, sea por la suma de varias-, autoriza que el juez acuerde la ejecución en nuestro país de todo o parte de la pena, siendo sustituída por la expulsión de España del reo cuando éste haya cumplido la parte de la condena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o sea beneficiario de la libertad condicional. Para ello, deben concurrir los mismos presupuestos que en el apartado anterior, es decir, que el cumplimiento de la condena resulte necesaria para asegurar la defensa del orden público y restablecer la vigencia de la confianza de la norma infringida por el delito. 

Así pues, es perfectamente factible que el ciudadano extranjero deba cumplir todo o parte de la condena en España y ser expulsado con posterioridad.  

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