QUEBRANTAMIENTO DE LA ORDEN DE ALEJAMIENTO: EFICACIA DEL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA

Son muchas las preguntas que se suscitan entorno a la figura de la prohibición de aproximarse. Por ello, desde Kira Rompao Sánchez-Abogados hemos querido escribir un artículo sobre el tema, con la finalidad de responder de forma breve y sencilla a las principales dudas que los clientes habitualmente plantean entorno a las posibles consecuencias del incumplimiento de una orden de alejamiento.

¿EN QUE CONSISTE LA PROHIBICIÓN?

no pasar 2La prohibición de aproximarse es, ni más ni menos, lo que comúnmente se conoce como orden de alejamiento e impide a la persona obligada a su cumplimiento acercarse a la víctima, o sus familiares u otras personas que determine el/la Juez, en cualquier lugar en el que se encuentren, a su domicilio, lugar de trabajo y, en definitiva, a cualquier otro lugar que frecuenten.

Puede ser adoptada tanto en instrucción -medida cautelar-como en sentencia condenatoria por delito o falta –pena-, si bien en el caso de las faltas su duración no podrá exceder de seis meses y sólo procederá en infracciones calificadas como faltas de los artículos 617 y 620 del Código Penal.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE SU INCUMPLIMIENTO?

Quebrantar de forma consciente los términos de una orden de alejamiento, ya sea como medida cautelar ya sea como pena, es una conducta que puede ser constitutiva de un delito de quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal y que, por tanto, puede comportar penas de prisión de seis meses a un año -si la prohibición ha sido adoptada en el seno de un procedimiento iniciado por la comisión de un delito de violencia doméstica o de género-, o multa de doce a veinticuatro meses -en el resto de supuestos-.

¿El consentimiento de la víctima exime del cumplimiento de una prohibición de aproximarse?

Este tema merece un tratamiento diferenciado, visto el altísimo número de personas que contraviene los términos de una orden de alejamiento que les ha sido impuesta, sobretodo, bajo la falsa creencia de que el consentimiento de la víctima excluye y/o extingue la obligación de su cumplimiento.

Tal el es ignorancia sobre ese extremo, que no es extraño presenciar situaciones -principalmente en delitos de violencia de género-, en las que el obligado retoma la convivencia con la persona a la que se pretende proteger con la prohibición, llegando, incluso, a presentarse juntos en Comisaría o en el Juzgado para solicitar que la orden sea retirada. Craso error.

Desde el momento en el que se notifica la vigencia de la orden de alejamiento y se requiere de su cumplimiento, cualquier acercamiento consciente y voluntario a la persona protegida, que infrinja los límites establecidos por el/la Juez, será constitutivo de un delito de quebrantamiento, aun cuando la propia víctima manifieste su deseo expreso de que la prohibición sea retirada.

Ese es el criterio mantenido actualmente por el Tribunal Supremo, desde su Acuerdo de 25 de noviembre de 2008.

En efecto, desde el punto de vista del Alto Tribunal la vigencia del bien jurídico protegido por el delito de quebrantamiento de medida cautelar o de pena de alejamiento, no queda enervado o empañado por el consentimiento de la víctima, pues lo que protege el citado artículo 468 del Código Penal no es otra cosa que el principio de autoridad. La prohibición de aproximarse es una orden emanada de un órgano judicial y, en consecuencia, ni el obligado a cumplirla ni la víctima pueden disponer de ella o revocarla. Únicamente el/la Juez tiene esa potestad.

Así pues, la persona sobre la que recae la prohibición ni puede ni debe aproximarse de forma voluntaria y consciente a la persona protegida, ni a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que frecuente a menos de la distancia fijada por el/la Juez. Si se produjera un encuentro fortuito entre ambos, deberá abandonar el lugar de inmediato, aun cuando estuviera allí antes de que llegara la víctima. En caso contrario, su conducta puede ser constitutiva de un delito de quebrantamiento.

Con mayor frecuencia de la deseada, se producen situaciones en las que es la propia víctima la que propicia el quebrantamiento, incluso, de buena fe –una vez más, el paradigma típico son los procedimientos donde la medida/pena ha sido adoptada a consecuencia de un episodio de violencia de género-. Ante esa circunstancia, el obligado habrá de alejarse igualmente y si la persona protegida persistiera en su afán, lo prudente es poner ese extremo en conocimiento de su Letrado/a para que actúe en consecuencia.

Por tanto, salvo contadísimas excepciones en las que concurran causas de fuerza mayor –como, por ejemplo, la celebración de un juicio en el que ambos, obligado y víctima, hayan sido citados como parte o testigo-, la persona sobre la que recae la orden de alejamiento jamás debe aproximarse a la persona respecto de la que tiene prohibido acercarse, ni consentir que ésta transgreda los términos de aquélla. Sólo el/la Juez puede remover esa obligación -no en condenas por violencia domésticao de género, donde la prohibición de aproximarse debe ser impuesta de forma obligatoria- y hasta que no lo haga la orden de alejamiento debe cumplirse.

Ante la circunstancia de que ambas partes deseen que la prohibición sea levantada, lo correcto es ponerse en contacto con sus respectivos Letrados, para que éstos así lo soliciten al Órgano Judicial. En caso de duda sobre la vigencia u obligaciones derivadas de la orden de alejamiento, también deben comunicarse con su Abogado/a.

En definitiva, una vez acordada, la orden de alejamiento debe cumplirse de forma escrupulosa hasta que un/a Juez diga lo contrario, so pena de incurrir en un delito de quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal.

La reciente Reforma del Código Penal, operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido un nuevo supuesto de quebrantamiento -art. 468.3-. Ahora, inutilizar o perturbar el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos -como, por ejemplo, las pulseras-, que controlan el correcto cumplimiento de la pena, medida de seguridad o medida cautelar, no llevarlos encima u omitir las medidas exigibles para mantener su correcto funcionamiento, son conductas constitutivas de delito, penadas con multa de seis a doce meses.

Si desea recibir asesoramiento legal sobre éste u otros temas penales, no dude en contactar con Kira Rompao Sánchez-Abogados, sin compromiso alguno.